El Reagrupamiento Nacional vuelve a ser noticia judicial. Este martes 30 de junio, la Fiscalía Europea confirmó la realización de operaciones de registro en Francia y en varios otros países de la Unión, en el marco de una investigación sobre un posible desvío de fondos europeos. Las actividades del grupo de eurodiputados Identidad y Democracia (ID), al que pertenecía el RN entre 2019 y 2024, antes de la disolución de esta alianza en el Parlamento Europeo, son el objetivo.
Una investigación abierta desde 2025
Esta institución independiente, creada en 2021 para perseguir el fraude a los subsidios comunitarios, no es nueva en este expediente: ya había anunciado la apertura de esta investigación en julio de 2025. Las sospechas se centran en un uso irregular de los fondos destinados a la financiación de las actividades parlamentarias europeas, un mecanismo que ya ha causado en el pasado varios contratiempos judiciales a partidos de todas las tendencias, desde el histórico Frente Nacional hasta el Modem.
Un calendario que no ha pasado desapercibido para nadie
El anuncio llega a una semana de un plazo particularmente escrutado: el próximo 7 de julio, una decisión judicial debe pronunciarse sobre la posible inelegibilidad de Marine Le Pen, en el marco del caso de los asistentes parlamentarios europeos que ya le valió a la presidenta del grupo RN en la Asamblea una condena en primera instancia. A esto se añade una denuncia separada que esta vez apunta a Jordan Bardella, actual presidente del partido y ahora también a la cabeza del grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo.
¿Persecución o examen legítimo?
Para la formación de extrema derecha, la acumulación de estos procedimientos alimenta un discurso bien ensayado: el de una persecución judicial orquestada para apartarla del poder ante la proximidad de importantes citas electorales. Los partidarios del partido denuncian una instrumentalización de la justicia, mientras que sus adversarios ven en ello la demostración de que las prácticas de financiación del RN a nivel europeo requieren un examen exhaustivo, como ya ocurrió con los empleos ficticios de asistentes parlamentarios.
Un procedimiento en una etapa temprana
Jurídicamente, la investigación de la Fiscalía Europea se encuentra en una etapa temprana: los registros permiten la recopilación de pruebas y testimonios, sin prejuzgar posibles imputaciones individuales ni la continuación judicial que pudiera derivarse. El RN, por su parte, aún no ha comunicado públicamente sobre este nuevo procedimiento, prefiriendo sin duda concentrar su atención en la fecha límite del 7 de julio, que se anuncia como una prueba mucho más determinante para su futuro inmediato.
La fragilidad de la financiación de los grupos europeos
Esta secuencia ilustra la persistente fragilidad de la financiación de los grupos políticos en el Parlamento Europeo, un sistema basado en la confianza y controles a posteriori, regularmente puesto en entredicho por casos similares que afectan a otras familias políticas en todo el continente. La Fiscalía Europea, cuyos poderes se han reforzado progresivamente desde su creación, parece decidida a hacer de este expediente una señal fuerte dirigida a todos los grupos parlamentarios europeos.
La opinión de la redacción
Una densa actualidad judicial, que se enmarca en un contexto político ya eléctrico para el RN ante la proximidad del veredicto del 7 de julio. El verdadero desafío de los próximos días no radica tanto en estos registros —cuyas consecuencias judiciales tardarán meses— como en la decisión de inelegibilidad que, ella sí, puede reconfigurar instantáneamente el tablero político nacional.
