Seamos directos: lo que Francia acaba de ofrecer al mundo con el veredicto del tribunal de apelación de París no es una lección de justicia serena, es una demostración flagrante de la incapacidad de nuestras instituciones para hacer coexistir el tiempo judicial y el tiempo democrático. Poco importa lo que se piense de Marine Le Pen, de su partido o del fondo del caso de los asistentes parlamentarios: el simple hecho de que un país del tamaño de Francia esté aún, a diez meses de una importante elección presidencial, debatiendo si una candidata potencial podrá físicamente desplazarse para hacer campaña, es un fracaso colectivo.
Un fracaso político, no judicial
Este fracaso no es principalmente judicial. Los magistrados han hecho su trabajo, con las reglas de las que disponen, y nadie serio debería reprocharles haber instruido un caso de malversación de fondos públicos durante doce años antes de juzgarlo dos veces. El fracaso es político y legislativo. Durante años, todo el mundo sabe que pueden surgir casos judiciales que involucren a candidatos presidenciales en cualquier momento del calendario electoral, y nadie ha considerado útil aclarar, de una vez por todas, las reglas de articulación entre la pena de inhabilitación, la ejecución provisional y el derecho a presentarse a una elección. Resultado: se improvisa, se interpreta, se recalculan meses de penas supuestamente cumplidas, y se permite que un recurso de casación suspenda decisiones judiciales a pocos pasos de una importante votación. Es el grado cero de la previsibilidad jurídica.
Veinte años de inercia parlamentaria
Tomemos un poco de perspectiva. Una democracia madura nunca debería encontrarse descubriendo, en directo, a través de un telediario de las 20 horas, la articulación entre tres jurisdicciones diferentes y el destino de una candidatura presidencial. No es culpa de Marine Le Pen si el sistema judicial francés gestiona este tipo de expedientes con tal falta de anticipación. Tampoco es culpa de los jueces, obligados a decidir con los textos existentes. Es culpa de veinte años de inercia parlamentaria sobre un tema, sin embargo, identificado desde hace mucho tiempo como un punto de fricción importante entre el Estado de derecho y la vida democrática.
Una justicia comentada en el telediario de las 20 horas
¿Y qué decir de la comunicación posterior? Una decisión judicial anunciada un martes por la tarde, comentada esa misma noche en un plató de televisión privada, con una candidata que expone su estrategia procesal —casación, suspensión de penas— ante millones de espectadores, incluso antes de que la Fiscalía General haya hecho pública su propia posición. Podríamos divertirnos si la cuestión no fuera tan seria: la credibilidad de la propia palabra judicial. Cuando cada campo político elige su propia lectura del veredicto —unos clamando por el ensañamiento, otros por la impunidad— es la base común de confianza en la institución judicial la que se erosiona un poco más.
Legislar, por fin, serenamente
Es hora de que la clase política francesa, de todas las tendencias, deje de instrumentalizar este tipo de asuntos según sus intereses electorales del momento, y legisle por fin serenamente sobre el estatuto judicial de los candidatos a una elección presidencial. Mientras este trabajo siga en los cajones, cada nuevo caso judicial que afecte a un candidato importante dará lugar al mismo espectáculo: suspense institucional, editoriales encendidos y una sensación difusa, en la opinión pública, de que la justicia se hace en el mercado de la política y no en los tribunales.
