Es un texto esperado desde hace varios años que acaba de dar un paso decisivo. Los diputados han adoptado el proyecto de ley que abre el derecho a la ayuda a morir, con una votación final prevista para el 15 de julio para completar el proceso parlamentario del texto. Este avance legislativo marca un punto de inflexión en un debate social que ha atravesado Francia durante años, entre los partidarios de una nueva libertad ofrecida a los enfermos terminales y los defensores de un modelo centrado exclusivamente en los cuidados paliativos.
Un marco estricto, diseñado para evitar desviaciones
El texto enmarca estrictamente las condiciones de acceso al dispositivo. Se refiere únicamente a las personas que padecen enfermedades graves e incurables que comprometen su pronóstico vital, y no al conjunto de situaciones de sufrimiento o discapacidad. Esta delimitación precisa tiene como objetivo responder de antemano a las críticas más frecuentes dirigidas a este tipo de legislación, a saber, el riesgo de una extensión progresiva de los criterios de elegibilidad, un fenómeno observado en algunos países que legislaron antes sobre este tema.
Una fractura que atraviesa los partidos
La votación estuvo precedida de acalorados debates, reflejo de una fractura que no sigue las divisiones partidistas tradicionales. Los defensores del texto ven en él la culminación de una lucha por la autonomía individual y la dignidad frente al sufrimiento, en la continuidad de las leyes Leonetti y luego Claeys-Leonetti que habían ampliado progresivamente los derechos de los pacientes al final de su vida sin dar nunca el paso de la ayuda activa para morir. Otras voces, por el contrario, se alzan para denunciar lo que perciben como una regresión social.
La alerta de las asociaciones de personas con discapacidad
Este es el caso, en particular, de las asociaciones que representan a las personas con discapacidad, varias de cuyas figuras han expresado una viva preocupación tras la votación. Algunas han denunciado un texto acusado de poner en peligro a las personas enfermas y con discapacidad, en un contexto social que ellas consideran hipervalidista y desigual. El argumento central: una elección nunca es totalmente libre cuando se inscribe en una sociedad que ya precariza a las personas vulnerables, por falta de medios suficientes asignados a los cuidados paliativos y al acompañamiento de la vejez y la discapacidad.
El retraso francés en cuidados paliativos
Este punto cristaliza la mayor parte de las críticas dirigidas al gobierno desde el inicio del examen del texto: el temor de que la ayuda a morir se convierta, de facto, en una solución por defecto ante la falta de una oferta de cuidados paliativos suficientemente desarrollada en todo el territorio. Francia acusa, en efecto, un retraso estructural en la materia, con importantes disparidades entre departamentos en el acceso a estos servicios.
Dos semanas decisivas
Hasta la votación final del 15 de julio, el texto aún podría ser objeto de ajustes, en particular sobre las modalidades precisas de la cláusula de conciencia concedida a los profesionales de la salud o sobre los plazos de reflexión impuestos a los pacientes. Los próximos días se anuncian decisivos, tanto para los parlamentarios como para el conjunto de los actores del mundo médico y asociativo movilizados en este expediente desde hace meses.
La opinión de la redacción
Un tema social de los más sensibles que existen. La legitimidad de las preocupaciones expresadas por las asociaciones de personas con discapacidad no puede ser desestimada sin más: ellas recuerdan con razón que una ley de libertad solo produce sus efectos esperados en una sociedad capaz, de antemano, de garantizar a los más vulnerables los medios materiales para una verdadera elección.
