Sébastien Lecornu escribió dos cartas este verano. La primera, en junio, para poner orden en unos ministerios que reclamaban 30.000 millones de euros de nueva financiación, incluidos 24.000 millones de gasto adicional. La segunda, en agosto, para desmentir unas medidas que consideraba «inventadas para inquietar a los franceses»: supresión de las ayudas a la vivienda (APL), congelación de la renta de solidaridad activa (RSA), subida del impuesto sobre la renta. Entre ambas, un país que conoce el estado futuro de sus finanzas públicas a través de sucesivas filtraciones, globos sonda y rectificaciones.
No es un problema de comunicación. Es un problema de método. El proyecto de ley de presupuestos de 2027 se presentará el 30 de septiembre en el Consejo de Ministros, en un país sin mayoría parlamentaria, a pocos meses de unas elecciones presidenciales que ya condicionan todos los cálculos. El propio primer ministro lo resumió en su carta a los parlamentarios: «esperar a las presidenciales es elegir el desorden». Es cierto. Pero la afirmación inversa también lo es: elaborar un presupuesto a la sombra de unas presidenciales supone renunciar a determinadas decisiones por miedo a su coste en las urnas.
Un precedente aún reciente
El presupuesto de 2026 solo se aprobó tras cuatro meses de pulso parlamentario y el recurso al artículo 49.3, en un clima de desconfianza generalizada entre el Gobierno y una Asamblea fragmentada en bloques irreconciliables. Nada indica, por ahora, que la correlación de fuerzas vaya a ser distinta este otoño. Las fuerzas de oposición, tanto de izquierda como de derecha, ya han advertido de que no firmarán un cheque en blanco, y el Gobierno lo sabe: precisamente por eso avanza con cautela, dosificando orientaciones en lugar de medidas concretas.
La deuda francesa roza los 3,35 billones de euros. Un presupuesto «reversible», sin subidas de impuestos, con un freno al gasto y una posible revalorización de las pensiones más altas por debajo de la inflación: esas son las únicas orientaciones conocidas hasta ahora. Palabras lo bastante prudentes como para no molestar a nadie antes del otoño y lo bastante vagas como para no comprometerse a nada. El Gobierno gestiona un clima más que traza un rumbo.
El precio de la prudencia
Esa prudencia tiene un precio. Deja a las administraciones, las entidades locales y las empresas en una niebla presupuestaria que dura desde hace meses: ¿cómo planificar una contratación, una inversión o una ayuda social cuando nadie sabe todavía si la partida que la financia existirá el próximo año? Los mercados financieros, por su parte, observan con especial atención cada señal de bloqueo político, conscientes de que un presupuesto no aprobado o aprobado con urgencia repercute directamente en el coste al que Francia se endeuda.
El Gobierno invoca la estabilidad para justificar el método. Pero la estabilidad que busca es, ante todo, la suya: evitar una moción de censura, evitar una disolución parlamentaria, evitar ser el Ejecutivo que haya precipitado al país hacia unas nuevas elecciones legislativas a pocos meses de las presidenciales. Ese cálculo político es comprensible. Eso no quita que el debate de fondo —cuánto cuesta el Estado, a quién redistribuye los recursos, qué servicios públicos mantiene o reduce— siga eludiéndose en favor de una gestión cotidiana de los síntomas.
El resultado, para los hogares y las empresas que deben anticipar sus propias decisiones, es una incertidumbre que dura desde hace meses y que se prolongará hasta el otoño, en el mejor de los casos. El verdadero debate democrático sobre las prioridades presupuestarias del país —quién paga, quién recibe protección, quién espera— aún no ha comenzado. Se prepara entre bastidores, entre las decisiones de Bercy y las frases de efecto en las redes sociales. Los franceses, entretanto, observan desde las gradas, a la espera del 30 de septiembre para saber por fin qué está realmente en juego con su dinero.
Gobernar a golpe de desmentidos
Esta forma de gobernar mediante desmentidos sucesivos acaba produciendo el efecto contrario al buscado. Cada medida planteada y luego desmentida alimenta la idea de que nada es estable, de que todo es negociable entre bastidores y de que la versión oficial de hoy podría quedar obsoleta mañana. El clima de desconfianza hacia el discurso de las autoridades, ya arraigado en Francia, no puede sino verse reforzado, incluso cuando el Gobierno dice la verdad.
Sin embargo, habría otra forma de proceder, que otras democracias parlamentarias practican con mayor constancia: presentar con antelación escenarios cuantificados y contrapuestos, documentar públicamente las decisiones en lugar de revelarlas a cuentagotas y dejar que el debate parlamentario dirima entre opciones defendidas abiertamente, en vez de negarlas hasta el último momento. Un ejercicio así exige una confianza mínima entre el Ejecutivo y las fuerzas de oposición, precisamente lo que más falta hace a estas alturas del mandato de cinco años.
De aquí al 30 de septiembre, cada semana traerá su cuota de filtraciones, desmentidos y frases de efecto. El riesgo no es solo que el debate llegue tarde, sino que termine desarrollándose por completo en las urgencias del otoño, bajo la presión de un calendario constitucional que exige una votación antes del 31 de diciembre. Un país que decide sus grandes equilibrios financieros con precipitación rara vez toma las mejores decisiones, y es precisamente ese riesgo el que el método actual, al intentar evitarlo, contribuye a alimentar.
*Tribuna de opinión. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de su autora.*





