La corte de apelaciones de París dictó, este martes, su esperada decisión en el caso de los asistentes parlamentarios de la Agrupación Nacional. Marine Le Pen ha sido condenada a tres años de prisión, de los cuales uno firme que podrá cumplir bajo pulsera electrónica, así como a 45 meses de ineligibilidad, de los cuales 30 están suspendidos. La presidenta de la corte, Michèle Agi, calificó los hechos de particularmente graves, tanto por los montos desviados como por la duración del sistema incriminado, que se extendió de 2004 a 2016.

Un veredicto que baraja las cartas

Este veredicto cierra, al menos temporalmente, una saga judicial que pesa desde hace más de un año sobre el futuro político de la líder del RN. En primera instancia, en marzo de 2025, el tribunal penal de París la había condenado a cinco años de ineligibilidad y cuatro años de prisión, de los cuales dos con suspensión de pena, una sentencia acompañada de una ejecución provisional que inmediatamente había suscitado polémica al impedirle teóricamente presentarse a la presidencial de 2027. La corte de apelaciones ha modificado la situación: los 15 meses de ineligibilidad firme se consideran ya purgados desde el primer juicio, lo que, en teoría, dejaría la vía abierta para una candidatura.

El obstáculo de la pulsera electrónica

Queda el obstáculo de la pulsera electrónica. Marine Le Pen había advertido, en una entrevista televisada días antes del veredicto, que no podría hacer campaña en esas condiciones, explicando que un candidato a la presidencia debe poder circular libremente sin depender de la autorización de un magistrado. La misma noche de su condena, anunció en el telediario de las 20 horas de TF1 que recurriría la sentencia ante el Tribunal de Casación, un paso que, según ella, suspende la ejecución de las penas dictadas en apelación. «Considero que dos jurisdicciones pueden cometer un error», declaró, afirmando querer agotar todas las vías de recurso para defender su inocencia en este caso.

La Fiscalía General también puede recurrir

La fiscal general ante la corte de apelaciones de París, Marie-Suzanne Le Quéau, indicó que tomaría su propia decisión respecto a un recurso en los días siguientes, ya que el plazo legal para recurrir corre hasta el 20 de julio. Políticamente, la secuencia es de alto riesgo para el RN. Después de la reunión de sus cuadros en su nueva sede de la rue Cortambert, en el distrito 16 de París, Marine Le Pen debía reunirse al día siguiente con Jordan Bardella en el mercado de La Flèche, en Sarthe, antes de reunir por la tarde a las instancias directivas del partido. Una agenda que traduce la voluntad de la formación de mostrar unidad y continuidad, sea cual sea el resultado judicial.

Veinticuatro otros acusados

El caso sigue siendo delicado también porque afecta a otros veinticuatro acusados: exeurodiputados, asistentes parlamentarios y responsables contables del partido, todos juzgados por haber participado en un sistema que consistía en hacer financiar por el Parlamento Europeo empleos que en realidad beneficiaban al partido en Francia. Durante el juicio de apelación, Marine Le Pen había negado la existencia de un sistema organizado de desvío de fondos, asegurando que el RN había actuado de buena fe. Algunos partidarios del partido habían llegado, durante el primer juicio, a enviar amenazas de muerte a los magistrados, un clima que la presidenta del RN había denunciado al hablar de una «caza de brujas».

Una competencia electoral ya disputada

En cuanto a las encuestas, la situación sigue siendo fluida. Varias encuestas de opinión sugieren que Édouard Philippe, otro candidato declarado a la presidencia y ex primer ministro de Emmanuel Macron, podría imponerse a la extrema derecha en caso de una segunda vuelta. Esta incertidumbre judicial se suma, por tanto, a una competencia electoral ya disputada a diez meses de la fecha límite.

La opinión de la redacción

La corte de apelaciones zanja un punto de derecho que había permanecido confuso desde marzo de 2025: el cómputo de las penas de ineligibilidad ya purgadas. El razonamiento jurídico es coherente, pero la parte política del caso —la capacidad efectiva de Marine Le Pen para llevar a cabo una campaña presidencial bajo control judicial— sigue completamente abierta. El recurso de casación sitúa, de hecho, la presidencial de 2027 en el centro del juego, ilustrando una tensión recurrente en democracia: la articulación entre el tiempo judicial, generalmente largo, y el tiempo electoral, que no lo es.